Exasesores con vínculos en contratistas de hospitales del IESS

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Lo único que desea que quede claro Miguel Ángel Martínez Ortega, un contador de 35 años, es que no conoce a Rosa García Lucas, una auxiliar contable, de 45 años, que gana $400 y que recibió un convenio de pago por $1,6 millones del hospital Teodoro Alvarado Carbo (HTMC).

La orden de compra la obtuvo García Lucas en octubre del 2018, durante la gestión del exgerente del HTMC, Luis Jairala Zuninopara la provisión de medicamentos que, según denunció la Comisión Anticorrupción, realmente costaban $ 140.111, con un sobreprecio de 1.087%.

Martínez dice que tampoco está relacionado con la compañía de Rosa García, Megavaco S.A., la que él fundó en mayo del 2017 y que tras ser gerente por una semana renunció en junio. Al mes siguiente, en julio del 2017, Martínez se integró al equipo de 13 asesores del entonces ministro del Trabajo, Raúl Ledesma Huerta y lo acompañó hasta hace unos meses en el ministerio del Ambiente.

(No tengo relación) Ni con esa empresa, ni con el contrato, ni con la señora Rosa García, esa es mi versión», dijo Miguel Martínez, exasesor del Raúl Ledesma.

Martínez recalcó que Rosa García compró la compañía cuando él ya había renunciado. Algo similar ocurrió con la empresa Synblast S.A. Martínez creó la empresa en marzo del 2014 y dos meses después se desvinculó de esta sociedad que ha recibido cuatro contratos por $ 269.729 para proveer de dispositivos médicos a los hospitales del IESS de Manta y Babahoyo, entre 2015 y 2019.

Ahí, con un salario de $3500 mensuales trabajó Francisco Llerena Alvarado, del 2016 al 2018. Llerena es tío de María Gabriela Llerena, cuyo grupo familiar ha recibido unos $ 7,7 millones en contratos del IESS. Otra empresa, Tecnomedic S.A., recibió un contrato del IESS tres meses después de creada, en noviembre del 2019. Su dueño, Jorge Sánchez Álava, exasesor de Ledesma en el ministerio del Trabajo, aseguró que la empresa es nueva, pero que él tiene unos cuatro años como proveedor de insumos médicos, incluso mientras laboraba en el ministerio del Trabajo.

«Tengo algunos años en el medio, de igual manera mi socio», dice Sánchez Álava, quien cuenta que ha trabajado con Ledesma, a quien ha dado asesoría en temas financieros. «Cuando él estaba en su estudio jurídico yo le ayudaba en el asunto notarial, en eso tengo bastante experiencia», dijo, pero no precisó si se refería al Centro de Mediación que Ledesma dirigió en la Prefectura del Guayas, donde fue director de Equidad Social y Género desde el 2011 hasta el 2016.

La empresa de Sánchez, Tecnomedic S.A., se disputó el contrato en una subasta en la que participaron otros oferentes, Jarjam y AHG Medical, empresas a las que considera sus clientes, pues les ha vendido insumos médicos. El contrato, por $161.250, se dio para el Hospital General Ceibos y tenía como objeto la compra de 240 mantas y accesorios para equipos de hipotermia.

Más allá de que en algún momento hayan estado vinculados a mí laboralmente, yo no puedo responder por lo que hagan en su vida empresarial; yo en el IESS no he tenido ninguna relación ni pienso tenerla», dijo Raúl Ledesma, exministro de Trabajo.

En la ruta de los contratos dados por los hospitales del IESS también constan las empresas Cordovelsa y Prolandcorp, las que han tenido como accionista común en 2018 a Carlos Vélez Flor, un médico que fue coordinador deportivo de la prefectura del Guayas entre 2011 y 2016, según los registros de la Contraloría.

Cordovelsa ha recibido 3 contratos en el hospital Teodoro Maldonado por $3,8 millones, entre ellos uno para mantenimiento y reparación de equipos, por $ 639 mil, en el 2018. Al año siguiente, este contrato de mantenimiento lo recibió Prolandcorp, pero por $1,3 millones.

Este Diario contactó a ambas empresas, pero nadie contestó. En un celular registrado a nombre de Cordovelsa respondió la esposa de Vélez, ella no aceptó preguntas y dio un número para llamar a su esposo, pero tampocó respondió. Ledesma agregó que «Lo de Flor no recuerdo, pero los ingresos en Prefectura no eran decisión mía».

Hasta $ 13,3 pagaron hospitales del IESS por alimentación diaria

El costo de la alimentación para el personal de los hospitales del IESS es inconsistente. Los precios por el servicio diario variaron entre $7 y $13,3 en cinco contratos revisados por EL UNIVERSO.

La Contraloría encontró varias irregularidades en un contrato que el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) otorgó a la empresa Selectfood S.A. en 2014. Una de ellas, poner requisitos a la medida dentro del concurso.

El HCAM convocó a una subasta inversa y en los pliegos incluyó varias certificaciones internacionales como requerimiento. Selectfood fue la única oferente.

Presentó certificaciones internacionales con el logotipo de Icontec International S.A., pero el representante de esta empresa indicó a la Contraloría que Selectfood no constaba en sus registros como empresa certificada y que, de hecho, ninguna empresa ecuatoriana contaba con esos reconocimientos.

Actualmente, Selectfood está en liquidación. Sara Ojeda Ribadeneira, una de las accionistas, indicó que Icontec sí emitió esas certificaciones en 2012 y que hubo una divergencia entre los administradores de esa certificadora.

Subrayó que los requerimientos fueron puestos por los funcionarios del HCAM y que su empresa no participó en el diseño de los mismos.

Selectfood se adjudicó el contrato y cobró un total de $10,7 diarios por el desayuno, almuerzo, merienda y cena de cada trabajador del HCAM.

Meses después de acabar el servicio, Selectfood valoró en $9,75 ese mismo rubro (casi un dólar menos), cuando presentó a ese mismo hospital una proforma que serviría para fijar el precio referencial del contrato de 2016.

Sara Ojeda señaló que el precio fue menor porque se redujo la proteína en los almuerzos y porque había otras especificaciones que reducían el costo.

De los contratos analizados, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo fue el hospital que pagó el precio más módico, $7 dólares diarios: $1,50 por cada desayuno, almuerzo y merienda; y $2,50 por cada cena, según consta en los Términos de Referencia del contrato. El proveedor fue Coalse S.A., que dio el servicio en 2015.

El costo dista mucho de lo que cobró Gourmet Santa Fe Cia. Ltda. al Hospital San Francisco de Quito en un contrato firmado en 2016 que duró un año. El precio fue de $ 13,3 diarios para la alimentación del personal: $3,56 por el desayuno, $4 por cada almuerzo y cada la merienda, y $1,74 por la cena. Es el monto más alto de los contratos analizados.

Gourmet Santa Fe pertenece al Grupo Barlovento, especialista en eventos sociales y catering. A través de un correo electrónico, EL UNIVERSO solicitó una entrevista a la gerente general, Alicia Borja Hidalgo, pero no recibió respuesta.

Desde finales de 2016, el HCAM ha adjudicado dos contratos bianuales Walther Serrano e Hijos Cia. Ltda. En el primero, esta empresa cobró $9,32 diarios por la alimentación del personal: $2,51 por cada desayuno, almuerzo y merienda, y $1,79 por la cena. El precio se redujo a $9,28 en el último contrato.

Christian Walther, representante de Walther Serrano e Hijos, aclaró que los precios de sus contratos cumplen con las normas técnicas y legales.

Hay una disposición del Ministerio de Salud que dice que la alimentación del personal no puede ser más cara que 2,51 dólares más IVA y eso, en teoría, no debería pasar en ninguna de las instituciones», dijo Christian Walther, proveedor del IESS.

Denuncias en hospital General de Bahaboyo del IESS

El hospital General de Babahoyo del IESS, que ha contratado $ 33,4 millones entre 2013 y 2019, es uno de los centros que está en la mira de la Fiscalía. El 8 de mayo, el fiscal provincial de Los Ríos, Luis Pesantes, allanó esta casa de salud e incautó documentos y equipos tecnológicos del departamento financiero para recabar información por el presunto sobreprecio en la adquisición de prendas de vestir para el personal del centro, en diciembre pasado.

«Se investiga ese contrato específico de compras en el 2019 y otros que se iban a adjudicar en esta emergencia», refirió ese día, y agregó que no hubo detenidos.

Pero las denuncias de supuestas irregularidades en este hospital también se han dado por adjudicaciones dirigidas, de presiones y hasta de pagos de coimas a funcionarios.

Renato Moreira, exadministrador de procesos de compras públicas del hospital, denunció en octubre de 2019 a un proveedor de este centro por intimidación. «Dentro del hospital se están aceptando cosas irregulares con las que yo no estoy de acuerdo», dijo Moreira tras renunciar ese mes, según citó el portal Periodismo de Investigación en enero.

Moreira no aceptó una entrevista con este Diario, porque aseguró ser testigo protegido de la Fiscalía.

Un contratista que ha obtenido varios contratos en este centro comentó que él pagó $15 000 a un funcionario de Compras Públicas del centro: «Él tiene un carro con vidrio oscuro, me dijo que salgamos para dar una vuelta y ahí le di el sobre».

Otro proveedor del centro denunció, en diciembre, a la directora administrativa del hospital, Liliana Junco, y a la responsable de Compras Públicas, María Durán, por la falsificación de su firma, en una acta de anulación de mutuo acuerdo de una orden de compra para la alimentación de los pacientes del centro, que había ganado por $ 444 mil, y que luego el hospital adjudicó a otra empresa.

Nunca me reuní y ni he firmado dicho documento que inclusive no tiene ninguna similitud con la firma que tengo en mi cédula», dijo el contratista.

El Comité de Ética y Transparencia del IESS analizó el caso y concluyó: «el hospital no cuenta con la información pertinente y legal de las acciones administrativas con las cuales se procedió a dejar sin efecto las órdenes de compra… se liquidó la orden de compra sin contar con la documentación habilitante…»

El documento del Comité, además, señaló también que el hospital no ha realizado un buen uso del sistema de contratación del Catálogo electrónico, porque se hacen adquisiciones con usuarios comunes. «Se recomienda se depure los usuarios constantes en el portal del Sercop», señala la resolución, en la que se pide a Contraloría un examen especial a este proceso de contratación.

Este Diario no obtuvo respuesta de Junco, pero al Comité la directora les contestó que se siguieron los procedimientos en apego a la Ley de Contratación. Sin embargo, precisa el Comité en el documento, la versión de Junco discrepa con la respuesta de Cristina Cahuasqui, subdirectora de Compras Públicas (e), quien indicó que el proceso de contratación y la anulación de las órdenes de compras «se efectuaron en detrimento a la ley». (I)

Fuente: El Universo

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