Fiscalía presentó 16 elementos de convicción para formular cargos por delincuencia organizada contra contralor (s), Pablo Celi, y otros ocho procesados

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Versiones de funcionarios de la Contraloría General del Estado (CGE), documentos que señalan el procedimiento para el desvanecimiento de varias glosas y una asistencia penal internacional llegada de Estados Unidos son parte de los 16 elementos de convicción que presentó la fiscal general Diana Salazar, la noche del martes último, para fundamentar su formulación de cargos contra el contralor general subrogante, Pablo Celi de la Torre; el exsecretario general de la Presidencia, José Augusto Briones, y otras siete personas más procesados por el delito de delincuencia organizada.

Salazar al final de la diligencia insistió en que la delincuencia organizada por la que formuló cargos es parte de una trama de actos de corrupción ocurrida al interior de la CGE, la empresa pública Petroecuador y en la secretaría General de la Presidencia de la República. La audiencia de formulación de cargos se instaló en el mezanine uno de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) pasadas las 19:00 del martes último y concluyó luego de la 01:30 de este miércoles.

Al juez Felipe Córdova Ochoa le tomó más de una hora y media analizar los argumentos escuchados en audiencia y finalmente ordenar la prisión preventiva del contralor Celi, de su hermano Esteban Celi; del exsecretario de Presidencia José Augusto Briones y de su hermano Luis Augusto Briones; Silvia L., Ángelo R. y Andrés L. Todos deberán cumplir la orden en la denominada Cárcel 4, ubicada al norte de Quito.

En cambio, para Natalia Cárdenas, exasesora del exgerente de Petroecuador Pablo Flores, el juez nacional determinó la presentación periódica cada ocho días en la secretaría de la Sala Penal de la CNJ desde el lunes 19 de abril próximo, el uso del grillete electrónico y la prohibición de salida del país: mientras que para Elsie Cueva no se dictó ninguna medida cautelar y se ordenó la libertad inmediata.

La Fiscalía resaltó el que el juez de la causa haya acogido el pedido de prisión preventiva y de medidas cautelares que hizo, y por lo que se dispuso la inmovilización de cuentas, que se oficie a la Superintendencia de Bancos, la prohibición de enajenar bienes para lo cual se oficiará a los Registros de la Propiedad y Mercantil de todo el país.

Las nueve personas contra quienes se formuló cargos por el delito de delincuencia organizada fueron detenidas en un operativo que arrancó poco después de las 22:15 del lunes último con detenciones y allanamientos en las ciudades de Quito, Guayaquil y Samborondón.

La fiscal Salazar al ser consultada sobre la participación del contralor (s) Celi en el caso investigado, la funcionaria explicó que el mecanismo utilizado en esta trama de corrupción es parecido como ya se observó en el caso del excontralor general del Estado, Carlos Pólit. “Consistía en el desvanecimiento de las glosas a través de la subrogación en el organismo”, apuntó.

Ante la orden de prisión preventiva y el inicio de una instrucción fiscal de 90 días, Jorge Luis Ortega, abogado del contralor subrogante Pablo Celi de la Torre, adelantó que presentará la apelación respectiva a la medida cautelar dispuesta, para que sea un Tribunal de la CNJ el que resuelva si es que el juez Córdova Ochoa emitió la orden de prisión de manera fundamentada o no.

Según Ortega, las versiones presentadas por la Fiscalía no se corroboran con los otros elementos expuestos por la fiscal Salazar y además, indicó, la asistencia penal internacional de Estados Unidos no daría cuenta que Pablo Celi haya recibido algún tipo de beneficio económico respecto de las glosas que habrían desvanecido ante una supuesta disposición de Celi.

“Quienes suscriben estas resoluciones que dan cuenta del desvanecimiento de estas glosas son otros funcionarios de la CGE y no el contralor Pablo Celi”, refirió Ortega, al tiempo que recordó que el desvanecimiento de estas glosas son suscritas en una resoluciones que datan de agosto y septiembre de 2018, meses que, en especial septiembre, dijo, el contralor habría tenido una comisión de servicios al exterior desde el 8 al 20 de septiembre del 2018.

Respecto a la situación como contralor general subrogante, Ortega aseguró que en las próximas horas solicitará, con cargo a vacaciones, una licencia, pues así lo prevé la normativa vigente, y luego esperarán a saber qué es lo que pasará con la prisión preventiva que ya fue indicada verbalmente durante la audiencia.

“Si es que se confirmara la prisión preventiva luego de esta apelación, entonces tendría que resolverse de otra manera. (Por ejemplo) se tendrá que presentar la renuncia o quizá se pronuncie la Asamblea Nacional respecto a quién se encarga y cómo se encarga la Contraloría”, mencionó el abogado defensor de Pablo Celi.

Pese a que los abogados de los procesados explicaron que durante la misma madrugada sus clientes serían llevados desde la zona de aseguramiento de la Unidad de Flagrancia hasta la Cárcel 4, hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente que se habría dado ese traslado. (I)

Fuente: El Universo

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